La circular, firmada por la Fiscal General del Estado el pasado día 14 de mayo, ofrece orientaciones al Ministerio Público en su conjunto para interpretar de modo uniforme y coherente la configuración, dimensión y alcance de los llamados delitos de odio, introducidos en nuestro texto penal máximo en el año 2015, en la redacción dada al citado artículo 510.

 

Las situaciones de discapacidad y las personas con discapacidad son precisamente uno de los grupos sociales diferenciados protegidos contra esta actividad delictiva, que en los últimos años ha cobrado gran relevancia, por lo que esta circular de la FGE resultará muy útil para contrarrestar y castigar más eficazmente, en la esfera penal, los delitos de odio por motivos de discapacidad.

 

En relación con qué se entiende por delitos de odio, la circular establece que serán objeto de persecución penal aquellas conductas que supongan una infracción de las normas más elementales de tolerancia y convivencia que afectan a los valores y principios comunes a la ciudadanía, invadiendo la esfera de dignidad propia de cualquier ser humano y que, como tales, deben ser consideradas como un ataque a los elementos estructurales y vertebradores del orden constitucional y, en definitiva, a todo el sistema de derechos y libertades propio de una sociedad democrática.

 

Las personas con discapacidad participan plenamente de la dignidad que es propia de todos los seres humanos, por lo que las agresiones a la misma deben tener una adecuada respuesta penal que reponga los derechos vulnerados, eduque socialmente y prevenga y disuada de comportamientos similares.